Con la llegada de abril, crece la expectativa entre los trabajadores del sector privado en Ecuador por el pago de utilidades, un derecho laboral que corresponde al 15% de las ganancias netas generadas por las empresas durante el ejercicio fiscal 2025.
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Sin embargo, no todos los empleados conocen si su empresa reportó utilidades o cuánto dinero debe repartirse. Para facilitar el acceso a esta información, la Superintendencia de Compañías mantiene disponibles los estados financieros de las sociedades legalmente constituidas, los cuales pueden ser consultados por cualquier ciudadano.
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Para verificar si una empresa generó utilidades, los trabajadores deben ingresar al portal institucional, acceder a la sección “Portal de Información” y seleccionar “Sector Societario”. Luego, en “Búsqueda de compañías”, se puede ingresar el RUC o nombre de la empresa. Una vez localizada, se debe revisar la opción “Información anual presentada” y descargar el “Estado de Situación Financiera” o balance más reciente en formato PDF.
Dentro de este documento, el dato clave es el casillero denominado “Participación trabajadores por pagar del ejercicio”, donde consta el monto total que la empresa debe distribuir entre sus empleados.
La ley establece que el reparto de utilidades se divide en dos partes: el 10% se distribuye de manera equitativa entre todos los trabajadores, en función de los días laborados durante el año anterior; mientras que el 5% restante se asigna según las cargas familiares, como hijos menores de edad, personas con discapacidad o cónyuges en unión de hecho legalmente reconocida.
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El plazo máximo para el pago de utilidades en 2026 es el 15 de abril. En caso de no recibir este beneficio dentro del tiempo establecido, y tras confirmar que la empresa sí generó ganancias, el primer paso recomendado es dialogar directamente con el empleador.
Si no hay respuesta, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de esta obligación y de aplicar sanciones a las empresas que incumplan con la normativa.